Dentro del paquete de medidas antifraude que está elaborando el gobierno ha puesto a la tributación en módulos en el punto de mira del control del fraude fiscal.

La nueva normativa supone la exclusión del sistema para aquellos empresarios acogidos a este método que superen los 50.000€ anuales de rendimientos íntegros y menos del 50% de sus ingresos sean por ventas a particulares.

 

La venta de facturas falsas a empresas que se las deducen sin existir ninguna prestación de servicios es frecuente  y esta medida intenta impedir actuaciones de este tipo, teniendo en cuenta que los que se benefician de estas prácticas son otras empresas y que muchos de los negocios en módulos que facturan   mayoritariamente a empresas van a quedar excluidos al sobrepasar los 50.000e anuales.