Los trabajadores extranjeros en situación regular disfrutarán de derechos equiparables a los de los ciudadanos europeos en cuanto a condiciones laborales, seguridad social, pensiones y acceso a los servicios públicos, según la directiva de ‘permiso único’ aprobada por el PE. La nueva norma, que los países de la UE deberán transponer en un plazo de dos años, facilita los trámites a los inmigrantes, ya que permite obtener los permisos de residencia y trabajo mediante un procedimiento único.

La directiva de ‘permiso único’ complementa otras medidas de inmigración legal, como la tarjeta azul, y está diseñada para facilitar este tipo de inmigración al tiempo que satisface las necesidades del mercado laboral europeo. La decisión de admitir inmigrantes seguirá estando en manos de los países de la UE. Los Estados miembros tendrán un plazo de cuatro meses para aprobar o rechazar una solicitud de permiso único.

La normativa tiene por objeto  reducir los trámites administrativos y simplifica el procedimiento de admisión de los inmigrantes que quieren vivir y trabajar en un Estado miembro. Además, permitirá a los trabajadores y a los empresarios que los contratan solicitar los permisos de residencia y trabajo mediante un procedimiento único.

•    ¿A quién cubre esta normativa?

Estas normas se aplicarán a los extranjeros que soliciten la residencia para trabajar en uno de los Estados miembros o que ya residan legalmente en la UE. Los trabajadores desplazados dentro de la UE estarán excluidos del permiso único, al igual que los residentes de larga duración y los refugiados (que ya están cubiertos por otra legislación comunitaria).

•    Derechos comunes

Una vez obtenido el permiso único, los trabajadores extranjeros disfrutarán de una serie de derechos equiparables a los de los ciudadanos de la UE, como los límites al tiempo de trabajo, el salario, la seguridad laboral, el derecho de afiliación a un sindicato, el acceso a la seguridad social, las pensiones, la vivienda pública y los servicios ofrecidos por las oficinas de desempleo. Los Estados miembros podrán aplicar una serie de restricciones a estos derechos.

•    Pensiones, seguridad social y servicios públicos.

Como norma general, los inmigrantes tendrán acceso a la seguridad social en las mismas condiciones que los ciudadanos del Estado miembro de acogida. Sin embargo, este derecho podrá restringirse en el caso de trabajadores con contratos de menos de seis meses. Además, los países podrán limitar el acceso a las prestaciones familiares en el caso de inmigrantes admitidos para cursar estudios.

Los trabajadores extranjeros podrán recibir sus pensiones cuando regresen a su país de origen en las mismas condiciones y con los mismos porcentajes que los nacionales del Estado miembro en el que hayan cotizado. Los países de la UE podrán restringir el acceso a los servicios públicos, como la vivienda, a los inmigrantes que estén trabajando.