El Gobierno preparar nuevas fórmulas para inyectar liquidez a las pymes.
El Gobierno está preparando la Ley Financiera. Con esta iniciativa se pretende poner en marcha fórmulas alternativas a la financiación bancaria que permitan hacer fluir el crédito, muy restringido en los últimos años.
Estas son algunas de las ideas que baraja Economía y que podrían plasmarse el La Ley:
– Pólizas de Crédito
Ante los procesos de reestructuración interna de los bancos, estos están procediendo masivamente a la cancelación y cambio unilateral de condiciones en las pólizas (pedir además de intereses la amortización de parte del capital).El Gobierno pretende que sea necesario un preaviso tanto para la cancelación, como para el cambio de condiciones.
– Fondo de facturas
Ante la falta de crédito las empresas han optado por mecanismos como el factoring o el confirming para conseguir liquidez. Lo que el ejecutivo está sopesando es crear un mecanismo atractivo fuera del sector bancario para que gestoras multinacionales tuvieran incentivos para empezar a comprar deudas empresariales con descuento.
– Inversión colectiva
Se pretende potenciar ciertas figuras de inversión colectiva para facilitar la financiación en empresas no cotizadas y su uso como canalizadores de financiación privada. Lo que se pretende es ofrecer incentivos a las instituciones para que también opten por aportar capital en las empresas no cotizadas.
– Capital riesgo
Se debe pasar de un modelo en el que el capital riesgo sustituye en el accionariado a otra compañía comprando su participación a otro en el que la prioridad sea captar fondos para garantizar el crecimiento de la compañía
– Proveedores
Una de las principales causas de los cierre empresariales ha sido la morosidad de las administraciones públicas como de empresas. El ejecutivo ya ha aprobado, aunque está pendiente de diseño, un mecanismo para garantizar que las administraciones públicas paguen sus facturas en el plazo marcado por la Ley (30 días).Este mecanismo facultará a Hacienda para abonar la factura al proveedor desde el primer día del impago. Ese importe lo recuperará a través de las transferencias a autonomías y ayuntamientos.
En el caso de la morosidad empresarial, la única vía que se ha comprometido el ejecutivo es la fijación de un régimen sancionador para aquellas que no cumplan sus plazos de pago ( 60 días).
