El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), organismo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y que cumple como función principal,  abonar a los trabajadores de empresas en dificultades o en quiebra las indemnizaciones correspondientes, o los salarios adeudados está en situación de quiebra, si atendemos a los siguientes datos:

 

Actualmente existen cerca de 150.000 expedientes pendientes de pago por valor de 1.700 millones de euros, cuando el FOGASA tiene un presupuesto para el año 2013 de tan solo 843 millones. Esta situación, está ocasionando un retraso en los pagos de prestaciones de hasta 18 meses en algunos casos.

 

Estos hechos dejan patente de forma clara e inequívoca que la dotación inicial del Fondo se ha quedado claramente insuficiente con respecto a la necesaria para garantizar la sostenibilidad de un organismo que, solo en el año 2012, había desembolsado cerca de 1.530 millones de euros en prestaciones, como consecuencia de la delicadísima coyuntura económica actual que atravesamos.

 

Por todo lo anterior,  el Gobierno ya se está planteando externalizar la gestión de este servicio con el objetivo de reducir los costes mientras las organizaciones sindicales piden que amplíe la plantilla de este Organismo, con el fin de agilizar el tiempo de resolución de los Expedientes.

 

Las circunstancias que atraviesa el Fondo, claramente insostenible, no tiene nada que ver con una gestión incorrecta ni con una falta de recursos, sino que tiene su origen en la destrucción neta de empleo que está aumentando los gastos de de los organismos adscritos al Ministerio de

Empleo y reduciendo sus ingresos.

 

Por tanto, las opciones de privatización de la gestión de los servicios, o una ampliación de plantilla, no parece que ayuden a garantizar la sostenibilidad del Fondo, si bien  puede que estas decisiones supongan una mayor carga que se traducirá en mayores demoras en los pagos o una pérdida de recursos muy valiosos.

 

Las soluciones pasan, por una profunda reestructuración del modelo productivo español que haga sostenible ciertos organismos públicos que, de otra manera, están abocados a ser ruinosos, como se está demostrando.