Es muy común que las aseguradoras detecten fraudes efectuados por sus propios asegurados. Estas actuaciones en épocas de crisis como la actual se incrementan de forma desproporcionada, por ello, las compañías diseñan  métodos de control y persiguen a los defraudares. Según información proporcionada por ICEA, el incremento producido en los últimos años se acentúa considerablemente y el sector donde más ha aumentado este situación es en la categoría de Autos.

Debido a esta situación las aseguradoras incrementan sus controles, contratan investigadores privados que les faciliten pruebas, aunque en muchas ocasiones es complicado y no se logra el objetivo. Uno de los fraudes más comunes es simular siniestros con el fin de obtener compensación económica, o con el fin de conseguir indemnizaciones mayores a las que contractualmente pudieran corresponder.

El asegurado que lleva a cabo estas prácticas en muchas ocasiones no suele ser consciente de las consecuencias de lo que está haciendo, pues las consecuencias  pueden llegar a ser penales. Este desconocimiento unido a la situación económica general y los plazos tan largos en los que la aseguradora responde ante estas situaciones, hace que este colectivo se vea animado a actuar de forma fraudulenta.

Si la compañía consigue pruebas las consecuencias pueden ser diversas y siempre muy perjudiciales para el defraudador, quizás la más importante sea la posible acusación de delito de estafa con las consecuencias penales que ello lleva consigo