Son los principales enemigos de los autónomos: personas que, por el motivo que sea, deciden llevar a cabo actividades profesionales sin darse de alta. Sin factura, sin cuota de autónomo, sin dar cuenta a Hacienda… Ya sea por gusto o por necesidad, cada vez son más las personas que recurren a la economía sumergida. Pero los autónomos han decidido combatirlo.

2 de cada 10 autónomos no ejercen legalmente

Según los datos que maneja la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), esta situación afecta a 2 de cada 10 trabajadores autónomos, “un número alarmante de personas que no cotizan a la Seguridad Social y no ejercen su profesión de forma legal, sino recurriendo al dinero bajo cuerda”.

Por ello, desde este colectivo reclaman medidas de control para actividades como “la venta al por menor sin establecimiento, negocios tan extendidos como la venta por internet, servicios a domicilio o las pequeñas reformas que al no ejercerse en un local comercial, y cuyos clientes son particulares que no reclaman su correspondiente factura, se ven seriamente afectadas”.

Competencia desleal y engaño a los consumidores

Este hecho “no solo perjudica a los autónomos y profesionales que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, sino que además vulnera los derechos de los consumidores y, por supuesto, supone un verdadero agujero en las arcas del estado.

Para Uatae, “es imprescindible activar, junto con el control, medidas de estimulo en la próxima ley de Emprendedores, que impulsen a estas personas que ejercen su actividad al margen de la legalidad a darse de alta, y así, entre todos, construir el futuro juntos”.

La reforma fiscal podría agravarlo

Desde este colectivo aseguran que, con la llegada de la reforma fiscal y la limitación de pagos en efectivo, “muchos de los autónomos que tributaban por módulos serán expulsados para evitar posibles pequeños fraudes”, una situación que “afecta especialmente a los transportistas y profesionales de la construcción, por la economía sumergida que se mueve en esos sectores”.

“Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, aquellos que no declaren sus ingresos, motivo por el cual cobrarán sus facturas en efectivo, pagarán el 25% del importe como sanción en caso de ser descubiertos. En cambio, un autónomo que declara su factura pagará el 18% en concepto de IVA repercutido, más un 15% en concepto de IRPF, es decir, un total del 33%, ocho puntos por encima del que defrauda, además de las comisiones bancarias por no poder cobrar en efectivo”.